Pasaron siete años y diez meses antes de que los familiares del joven José Miguel Mateo Figuereo vieran tras las rejas al homicida de su hijo.

El joven murió a manos de una patrulla policial el 18 de octubre de 2011 y fue el 21 de agosto de este 2019 cuando un tribunal condenó a 15 años y ordenó el arresto del acusado, el mayor de la Policía Nacional dominicana Cristian Agrimaldys Gómez Feliz.

Desde el día en que Juan Mateo y Elsa Figuereo perdieron a su hijo, de 28 años de edad y padre de un niño de 2 años, han vivido un calvario en demanda de que se haga justicia. Llegaron a dudar de lograr tal objetivo.

A Mateo Figuereo le dispararon frente a un colmado (tienda de comestibles) próximo a su vivienda cuando, según sus familiares, se tomaba un refresco, apenas minutos después de llegar del trabajo.

La Policía reportó el hecho como un intercambio de disparos, ocurrido en la urbanización Mi Sueño, en Santo Domingo Este. Según consta en las declaraciones de los agentes actuantes, que se incluyen en el expediente acusatorio, al joven se le incautó una pistola.

Pero los padres de la víctima aseguran que no tenía arma y que la muerte se debió a una confusión, que se produjo en el momento en que la patrulla intentaba detener a los responsables de un robo, y que él tenía las manos arriba cuando le hirieron.

“Mi hijo decía: ‘Yo no sé de eso’, pero el agente le decía: ‘Cállese la boca’ ”, cuenta entre llantos Elsa Figuereo, quien, todavía ahogada en dolor, recuerda cómo fue empujada por los policías cuando quiso acercarse al vehículo en el que se llevaban a la víctima, ya herida.

Su esposo, sentado a su lado, refiere que José Miguel recibió dos disparos cuando estaba frente al colmado y un tercero, el que asegura le mató, cuando iba camino al hospital.

Durante seis meses un equipo de Diario Libre documentó y dio seguimiento a una treintena de casos de personas muertas por la Policía Nacional dominicana y otros cuerpos de seguridad, encontrando que muchos se trataron de ejecuciones extrajudiciales, aunque se reportaron como intercambio de disparos.

De 1,844 casos reportados en los medios de comunicación nacional entre 2004 y agosto de 2019, y compilados en una base de datos construida para esta investigación, solo de 96 se obtuvo información de que llegaron a la justicia.

En total se dio seguimiento a 36 casos específicos, y se verificó que aunque 25 fueron a la justicia, solo 18 lograron condenas, algunas absolutorias por falta de pruebas; otros siete no tienen decisión, a pesar de que entre estos hay expedientes en los tribunales desde 2010. Los 11 hechos restantes nunca llegaron a un tribunal, pese a que se presentó la denuncia ante las autoridades.

Varios familiares de víctimas -y así lo reiteran abogados y activistas de derechos humanos- contaron que no se querellaron contra los agentes involucrados en sus casos por temor a represalias de los cuerpos de seguridad, por desconocimiento de sus derechos o falta de dinero para pagar abogados.

Otros narraron las vicisitudes que han enfrentado, y en ciertos casos han tenido que valerse de conexiones con entes de poder, para que sus expedientes no quedaran engavetados.

Fue el caso de los padres de José Miguel. Juan Mateo entiende que si el responsable de la muerte de su hijo está hoy tras las rejas, se debió en parte a que tiene familiares en la milicia y conocía a oficiales de la Policía que mediaron a su favor.

“Póngalo en 29”

Entre las pruebas testimoniales que soportan la acusación del caso de José Miguel, se incluyen 10 interrogatorios y entrevistas realizadas a testigos.

Una fue a Luis Alberto Gómez Pérez, quien declaró a la Fiscalía que estaba de visita en el lugar ese día y vio cuando el agente disparó contra la víctima, que luego él fue detenido por la patrulla que lo montó en una camioneta y lo llevaron por los predios del hospital Darío Contreras. “Y escuché cuando a Cristian le tiraron por la radio y le dijeron que tenían un 28 avanzado, y él ordenó que lo pusieran en 29. Luego me pusieron una funda en la cabeza y me dieron golpes”, se lee en el interrogatorio a Gómez Pérez.

En los códigos que usa la policía para comunicar sus acciones, 28 se refiere a herir a una persona y 29 a liquidarlo, según explicaron agentes entrevistados para esta investigación.

La versión de Gómez Pérez fue reforzada también con la entrevista a Pablo Merán Valdez, quien informó a la Fiscalía que vio cuando Cristian le disparó a José Miguel y luego entró al colmado y lo apresó a él. “Montaron a José Miguel en la cama de la camioneta, aún estaba vivo y a mi me montaron en el asiento de atrás de la camioneta, y salimos al (hospital) Darío Contreras. En el camino escuché que en la parte trasera de la camioneta sonó otro disparo. Luego un policía de los que iban en la camioneta dijo: ‘Comando, está en un 29’ ”.

Pese a las declaraciones de los testigos civiles que coincidían en que no hubo un intercambio de disparos, Juan Mateo recuerda todas las diligencias y contactos que tuvo que mover para que la Fiscalía hiciera una acusación del caso, que finalmente se presentó el 11 de octubre de 2012.

En noviembre de 2014, tres años después del hecho, el Segundo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo dictó la apertura a juicio contra Gómez Feliz y le impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de RD$500,000 (unos US$11,494) como medida de coerción.

Juan Mateo cuenta 37 reenvíos del caso antes de que el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo declarara al imputado culpable de homicidio voluntario y lo condenara a la pena de 15 años de reclusión mayor, para cumplirlos en la cárcel de la provincia Monte Plata, a unos 67 kilómetros de Santo Domingo. La sentencia, dictada el 29 de julio de 2016, fue anulada en la corte de apelación que ordenó un nuevo juicio.

Los jueces del tribunal consideraron, entre otras cosas, que aunque la patrulla alegó que José Miguel era un delincuente, y que estaba armado, no había orden de captura en su contra. También rechazaron la versión del intercambio de disparos porque, entre otras cosas, las investigaciones de recolección de evidencias no encontraron más casquillos en el lugar.

Golpeados emocional y económicamente por un proceso que los ha llevado a tener que hipotecar su casa para cubrir los costos, Juan Mateo dice que no se detendrá hasta que el responsable de la muerte de su hijo pague tras las rejas.

Con la más reciente decisión del Primer Tribunal Colegiado, que en el nuevo juicio reiteró la condena de 15 años a Gómez Feliz, los padres encuentran un respiro en su agonía, pero no están conformes.

“¿Qué son 15 años?, si tenemos ocho años luchando para que a ese criminal lo condenaran (...), pero nada, hay una (justicia) más grande y divina”, comenta Elsa. “Y más él, con esa burla que tenía de que no iba a pasar nada, como que él era un dios”, agrega.

Las cifras oficiales que divulga la Procuraduría cuentan 3,754 muertos por acciones de la Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y las Fuerzas Armadas, entre 2005 y junio de 2019.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con pocos recursos económicos y personal, apenas reporta unos 100 casos llevados a la justicia por la entidad, de los que una cantidad indeterminada ha conseguido condena. Manuel María Mercedes, presidente del organismo, estima que desde 1998 a la fecha sumarían entre 7,000 y 8,000 las muertes que se le atribuyen a la Policía.

Los muertos “por error”

Sentado en la banca de un parque, José Marte se cubre la cara con las manos y solloza, desconsolado. A los segundos se compone y alcanza a decir: “Porque si fuera de verdad un delincuente, que yo dijera ‘anda haciendo lo mal hecho’, pero un niño que yo tenía que sacarle la boca para hablar y arrancármele la vida así”.

A su hijo, José Miguel García, de 19 años, una patrulla lo interceptó la noche del 6 de mayo de 2019 mientras iba en una motocicleta con su amigo Marbin Peña Castillo, de 21, por la avenida Libertad de San Francisco de Macorís, al norte del país. La Policía reportó que ambos enfrentaron a la patrulla con una pistola, al perseguirlos por el alegado robo de una motocicleta.

El cuerpo de Marbin fue tirado a la cama de una camioneta patrullera con impactos de proyectiles en el abdomen, espalda y muslo. Al malherido José Miguel los policías lo intentaban poner de pie, pero se desvanecía por las heridas de balas en sus muslos, mientras intentaban dirigirlo a una silla de ruedas para ingresarlo al hospital, donde al día siguiente falleció.

Las familias de las víctimas se movilizaron para denunciar que la acusación era falsa y emplazaron a la Policía a que se retractara. A los pocos días, la institución se desmintió. La vocera policial en San Francisco de Macorís, Xiomara Arias, sentada en un escritorio, leyó un documento en el que la institución aclaraba que a los jóvenes no se les ocupó ninguna pistola y que no poseían registros en los archivos policiales.

“Lo anteriormente escrito se hace con la noble intención de suprimir aquellas informaciones que no se correspondían con los dos jóvenes, quienes fueron detenidos de forma errónea por la patrulla (…). Reiteramos nuestras condolencias a los familiares, amigos y allegados”, leyó la vocera.

El pasado 13 de mayo, fueron impuestos tres meses de prisión preventiva en contra del sargento Juan Cristian Pichardo De Aza, quien es acusado por el Ministerio Público de ocasionar la muerte de José Miguel y Marbin. La medida de coerción fue ratificada el 8 de agosto; la Corte Penal del Distrito Judicial de Duarte le impuso tres meses más de reclusión.

Jorge Peña, tío de Marbin y uno de los abogados de las familias, lamenta que la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales no sale a la luz pública y los familiares se quedan ahogados en el llanto.

El padre de José Miguel ha perdido peso por la angustia y siente tanto dolor por la muerte de su hijo, que se considera digno de atención sicológica. Entre pausas y lamentos, dice: “Nuestra Policía está llena de analfabetos, personas que vienen de los campos, que el único recurso que tienen es engancharse a la Policía. Esto no es Afganistán para andar la policía con capucha diariamente, con armas largas. La Policía nada más tiene dos funciones que son proteger y servir, más nada”.

La poca formación de los agentes que conforman los cuerpos de seguridad nacional constituye un debate viejo en el país.

El tema de educación constituye uno de los tres pilares en los que se sustenta el Plan Estratégico de la Policía Nacional 2016-2020, que tiene entre sus objetivos la transformación de la institución en un cuerpo policial capaz de brindar un servicio de seguridad preventiva y de ejercer sus funciones de investigación y de inteligencia con total apego a la ley.

En una entrevista concedida en mayo pasado por el director de la policía, Ney Aldrin Bautista Almonte, a la periodista Nuria Piera, este informó que en ese entonces se estaban entrenando 776 reclutas.

“A cualquiera yo lo reto que vaya a la escuela y les haga cualquier pregunta sobre seguridad ciudadana, sobre mecánica de arresto, sobre comunicación efectiva y relaciones humanas, sobre intervención policial, sobre utilización de macana, y yo le garantizo que esos muchachos que están allá, que no pasan de 21 de 22 años, todos, hombres y mujeres, le pueden responder”, aseguró.

La preparación de un policía en el país tiene una duración de cuatro años para quienes se forman como cadetes, y de seis meses para los que ingresan como rasos, tras los cuales estarán aptos para servir en la institución.

Justicia hasta que haya dinero y voluntad

Para esta investigación, Diario Libre, a través de una solicitud hecha a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la República, insistió en requerir informes de autopsias practicadas a 185 cadáveres de personas que murieron en alegados enfrentamientos con la policía y otros cuerpos de seguridad. Sin embargo, la respuesta recibida del Instituto Nacional de Ciencias Forenses fue negativa, alegando razones jurídicas y de intimidad de los familiares de las víctimas.

Diario Libre hizo un segundo pedido con otros casos. De estos se recibieron 17 autopsias, de las que tres correspondían a personas reportadas como muertas por la policía. Las autopsias fueron evaluadas por el general retirado Tomás Cordero, quien es un patólogo que dirigió el Laboratorio de Criminalística de la Policía. Encontró que las evidencias toxicológicas y de tatuajes corporales en dos de ellos, suponen que se trataba de individuos que podrían estar ligados a acciones delincuenciales.

A pesar de que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala a distancia, no pudo hacer un juicio concluyente. Esto, y según lo enfatiza Cordero, pone de manifiesto lo difícil que resulta probar legalmente una ejecución si no hubo testigos que lo corroboren o una investigación policial. Insistió, además, en que cuando las autopsias de muertos en alegados intercambios de disparos reportan que el deceso fue un homicidio, debe ser investigado, sin embargo muchas veces recae en la voluntad de las familias el que las autoridades indaguen.

En el análisis de los casos que alimentan la base de datos construida para esta investigación, se encontró que la mayoría de los homicidios ocurrió en horas de la noche y que las víctimas recibieron disparos principalmente en la cabeza, tórax y costado.

El abogado Pedro Rodríguez ha intentado asistir a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, a través de su fundación Centro de Protección a la Víctima del Delito (Ceprovide). Pero los casos que ha llevado son escasos, a pesar de que ha instado a parientes a presentar una querella. Hay quienes se intimidan ante la perspectiva de enfrentar a un organismo de alcance nacional, con más de 36,000 miembros.

“A la gente no le gusta querellarse y a veces lo hacen por temor (...). Yo digo que es la falta de educación que tenemos los ciudadanos, de que no reclamamos nuestros derechos”, indica Rodríguez.

Un caso específico lo vivió la familia de Anderson Parra Cruceta, muerto de un balazo en la boca que le dio un policía durante una huelga que tuvo lugar en julio de 2011, en la urbanización Ralma de Santo Domingo Este.

Luego de llevar el caso a los tribunales y lograr una medida de coerción de tres meses contra el victimario, la familia desistió por temor.

Iris Mojica Cruceta, hermana de la víctima, recuerda que durante el tiempo en que se conocían las audiencias, otro de sus hermanos sufrió un atentado que atribuye a personas vinculadas al imputado, el cabo de la Policía Santo Tejada Encarnación alias Vakeró.

Entre los casos que le tocó representar al abogado Pedro Rodríguez figura el de dos mujeres que se envalentonaron. Eran la madre y abuela de dos de tres adolescentes que el 1 de mayo de 2008 fueron golpeados por una multitud al ser acusados de atracar un colmado en Bello Campo, Santo Domingo Este. La policía llegó al lugar e intervino; montó a los menores malheridos en la cama de una camioneta patrullera y se los llevó. Un noticiero de televisión grabó parte de los hechos. Difundió imágenes en que se veían los adolescentes con vida, tirados en el suelo de un local con aspecto de almacén abierto. Sin embargo, horas después los adolescentes fueron reportados como muertos.

Apolonia Bautista, abuela del menor, de 14 años, Jason Mena, y Geltrudis Beltrán, madre de Lander Beltrán, de 17, se querellaron ante la justicia con la asistencia legal de Ceprovide. El Ministerio Público sostuvo que las autopsias indicaron que Jason, Lander y Nairobi Caminero (de 15 años), fallecieron a causa de heridas por proyectil, y que al ser analizados se determinó que las balas fueron disparadas por las armas del mayor Domingo Antonio Díaz Rodríguez y el segundo teniente Nicolás Martínez Martínez.

El proceso judicial fue complicado para Apolonia, quien crió a su nieto malogrado, y para Geltrudis, madre soltera. Cuando llegaban a las audiencias, había gente que les cuestionaba que se enfrentaran a la policía.

A Geltrudis -según narra- la parte acusada le ofreció que dejara el caso a cambio de RD$500,000 (unos US$14,500), un trabajo para la novia de su hijo y la manutención del bebé que la joven esperaba, así como un terreno para construir una casa.

“A mi me ofrecieron 50,000 pesos (unos US$1,500) para que permitiera un reenvío (aplazamiento)”, cuenta el abogado Rodríguez. “Tenían ya todo amarrado, de que si la audiencia se reenviaba, entonces ellos podían solicitar la fianza”.

Los agentes fueron condenados en marzo de 2010 a 30 años de prisión, pero en octubre de ese año la corte de apelación anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio. En marzo de 2011, otro tribunal rechazó un video sometido como medio de prueba y absolvió a los imputados. Apolonia y Geltrudis apelaron, y en 2012 se ordenó un nuevo juicio. Pero la fundación de Rodríguez ya no podía asistirlas legalmente, y las mujeres no tenían dinero para pagar un abogado. Los acusados están en libertad.

“Aquí el que no tiene dinero no hace justicia”, se queja Apolonia. “Si a esos muchachos los hubiese matado otra persona, se habría estado pudriendo en la cárcel, pero como fueron policías, ahí se quedó todo, porque la Policía aquí es un dios”.

El abogado Rodríguez reflexiona: “Dos policías en un motor constituyen un tribunal, dos policías deciden si tú vives o tú mueres”.

En el sector Capotillo, en la zona norte del Distrito Nacional, Dominga Nivar hace una reflexión similar. A la señora, que hoy cuenta sus 71 años, le mataron a su nieto Jean Carlos Nivar, de 22, durante un operativo que realizaron miembros de la DNCD en su barrio, en diciembre de 2010.

Dominga todavía desconoce cuál de todos los agentes que llegaron ese día mató a su nieto, mientras este corría para protegerse de los disparos que hacían cerca de su vivienda. “La gente me dijo que deje eso así, que la gente que mata la DNCD se quedan muertos”, expresa.

La DNCD dijo que Jean era un distribuidor de drogas en Capotillo, una acusación que a la abuela no le sorprende. “Ellos siempre dicen eso, que están vendiendo drogas. A Jean lo agarraron tres veces por eso, cosa que, nunca en la vida, él pensó vender drogas”, comenta Dominga, quien en la actualidad lamenta el destino que le ha tocado vivir, sin poder trabajar, con el esposo enfermo y velando por las dos hijas de Jean, hoy adolescentes, a las que debe procurar una atención que no está en condiciones de dar.

En el mismo operativo que murió el nieto de Dominga, mataron a su vecino Rafael Rosario Monegro. Los problemas de circulación en las piernas no le permitieron al hombre de 50 años salir a tiempo de la balacera.

Su esposa María Estela García y su hija María del Carmen Rosario recuerdan con dolor el hecho y cómo la falta de orientación y de dinero no les permitió hacer las diligencias necesarias para una investigación.

“Yo, como era el papá de mis hijos y compañero de tanto tiempo, no quería dejar eso así (…) pero, yo me sentí sola, porque nadie se nos arrimó a decirnos que nos iba a llevar a ningún sitio, ni nos dijo que se va a tal sitio primero”, se lamenta María Estela, quien sí recibió sugerencias de algunos vecinos para que dejara el caso, porque podía traerle problemas a su familia.

La viuda dice que, aunque fue una vez a la DNCD y en tres ocasiones a la Fiscalía, nunca le quisieron firmar la querella y decidió no volver. Aunque se intentó, a través del Departamento de Comunicaciones, obtener información de la Procuraduría General de la República sobre el seguimiento que dan a los casos de intercambio de disparos, no se logró una respuesta.

Movimientos civiles y acciones fallidas

Entre la sociedad se han organizado campañas, a modo de protesta, en contra de las muertes en alegados intercambios de disparos o por rehusarse a detener en un chequeo policial en lugares poco seguros. Una de 2010 difundía los mensajes “Policía, no me mate, que yo me paro en lo claro” y “Policía, no me mate, que yo me paro ahora”.

Otra de 2016 se denominó “Manos arriba”. Fue una iniciativa de los parientes del joven con autismo, David Darinel Vicioso Núñez, quien levantó las manos para que la policía no le disparara al encontrarse en medio de un enfrentamiento cuando agentes supuestamente trataban de frustrar un asalto a una banca de lotería en Santiago.

Como forma de que la Policía responda por los alegados excesos, en 2008 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que sometería a la justicia a cinco exjefes de la institución. Comenzó con Pedro de Jesús Candelier Tejada (1999-2002) y Rafael Guillermo Guzmán Fermín (2007-2010), pero no pasó del depósito de la querella.

El presidente de la Comisión atribuye a falta de voluntad política el hecho de que el expediente no escalara en la justicia y la Comisión no siguió con los demás.

“A la gente que está vinculada a un hecho hay que preservarle la vida porque así se llega a determinar la causa y el fondo, y el objetivo que se tenía para hacer ese hecho”, dice Mercedes.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 y el Reglamento sobre el uso de la fuerza en la Policía Nacional, aprobado en 2014, indican que cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable, los agentes deben actuar con moderación y proporcionalidad a la gravedad de los hechos y al objetivo legítimo que se persiga, tratando de reducir al mínimo los daños y lesiones; respetando y protegiendo la vida de los inocentes.

El artículo 67 del Reglamento considera injustificable el uso de las armas de fuego por parte de los agentes “para impedir una simple desobediencia, evitar la huida de la escena de un hecho o para lograr una detención, salvo en los casos en que la persona intervenida esté armada o ejerza violencia contra otra persona”.

El director de la Policía ha informado que desde 2017 a mayo de 2019, la institución había enviado a la justicia ordinaria a 2,393 agentes, sin especificar la acusación.