Los perseguidos bajo sospecha de agredir a un agente de la Policía Nacional en la República Dominicana arrastran una sentencia de muerte. La suerte que tuvo más de un centenar de supuestos agresores muestra que quienes arremeten contra la institución, en cualquier momento, pueden perder la vida a manos de algún miembro del organismo, sin tiempo de explicar sus razones ante un juez que determine su responsabilidad y castigo.

Entre 2004 y hasta agosto de este 2019, la prensa nacional se hizo eco de al menos 1,844 casos de supuestos intercambios de disparos, casos que fueron compilados en una base de datos para esta investigación que realiza Diario Libre, junto a Connectas y el Centro Internacional para el Periodismo (ICFJ, en inglés). De esas víctimas, 134 habrían agredido a policías o militares, según la versión oficial de los hechos.

En los últimos 13 años han muerto 115 policías y militares en servicio, de acuerdo a reportes oficiales. La Policía ha sido enfática en que no permitirá agresiones de los delincuentes.

Tras la muerte de cuatro personas en Navarrete, en febrero de 2007, que eran perseguidas por supuestamente atacar a “un contingente” y herir a un cabo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), su jefe de entonces, el mayor general Rafael Ramírez Ferreira, lamentó el suceso pero advirtió que “esa es la consecuencia que sufren quienes enfrentan a la autoridad de esa manera”. Ramírez Ferreira había exhortado a los sospechosos que se entregaran, asegurando que sus vidas y sus derechos estaban garantizados.

En 2008, miembros de la Policía Nacional mataron en un supuesto enfrentamiento a tiros a José Aquilino Cordero de la Rosa alias Morenay y a Alex Luciano alias Mala Sangre, ambos perseguidos por supuestamente matar al sargento mayor Pelagio Antonio Mejía, en un frustrado atraco, ocurrido en la carretera Sánchez.

Tras el hecho, el entonces jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, reiteró a los delincuentes que una agresión a un miembro de la institución representaba una agresión a su persona y, en consecuencia, “(los responsables) serán perseguidos sin tregua hasta lograr su arresto y envío a la justicia”.

En mayo de 2014, agentes policiales mataron de ocho balazos a Wander Sánchez, a quien acusaban de la muerte de la segundo teniente Mercedes Torres Báez, de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), conocida hoy como Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Una tía de la novia de Sánchez dijo que el joven le decía a los agentes que no lo mataran, que se entregaría. También, aseguraba que no tenía antecedentes penales y no estaba involucrado en la muerte de la agente de la Digesett. Pero pese a lo cuestionado del reporte del hecho, el jefe de la Policía en ese momento, el mayor general Manuel Castro Castillo, se refirió al caso para dejar claro que no permitiría que los delincuentes tomen las calles y para señalar que en “ningún país del mundo se atenta ni se enfrenta a la autoridad policial como se hace en la República Dominicana”.

Una expresión similar repitió Castro Castillo en diciembre de ese mismo año, tras la muerte de César Alejandro López Méndez y Omar López Méndez, a quienes llamaban los Mocanitos, ocurrida en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, provincia Santo Domingo.

Ambos hermanos estaban acusados de varios crímenes y delitos, entre ellos la muerte de un oficial del Ejército y de herir a un sargento mayor de la Policía Nacional y a tres agentes del equipo SWAT que intentaron arrestarlos en la provincia Santiago.

Mientras se cuestionaba la versión que dio la Policía respecto a que la muerte se produjo en un intercambio de disparos, Castro Castillo declaró que con el caso “la Policía Nacional da una clara señal de que ningún delincuente puede desafiar a la autoridad en la República Dominicana”. “Bajo ninguna circunstancia como autoridad vamos a permitir que ningún delincuente de la República Dominicana ponga en vilo, en amenaza, en temor, a la sociedad dominicana”, agregó.

En julio de este 2019, los medios de prensa compartieron las imágenes del joven Luis Alexander Lambert alias Falacia, mientras se entregaba a la Policía, llorando y tembloroso, con la mediación de una organización de derechos humanos. “Yo no me quería entregar, yo no me iba a entregar… nadie sabía donde yo estaba. Yo no me iba a entregar, porque yo sé que me van a matar como quiera”, declaró el joven de 19 años con expresión de susto.

Lambert es una de tres personas a las que se responsabiliza por herir de bala al mayor de la Policía Domingo García Sugilio, un agente asignado a la seguridad de los padres de la primera dama de la República Dominicana, Cándida Montilla de Medina, durante un intento de atraco ocurrido el 30 de mayo de 2019.

Otro de los implicados, Osmil Eduardo García alias Tiki Tiki, de 21 años, murió al supuestamente enfrentar a los agentes que intentaron detenerlo en el capitalino sector de Guachupita, en el Distrito Nacional. La otra implicada en el hecho, Lisa Marina Elías García, pareja sentimental de Tiki Tiki, optó por entregarse a la Policía.

A continuación conozca más detalles sobre las víctimas reportadas en la prensa que, según el prontuario delictivo que presentó la Policía, tenían agresiones contra agentes de seguridad.