Un agente activo y otro despedido de la institución cuentan cómo mataron a supuestos delincuentes para sacarlos de las calles y responsabilizan al precario sistema de justicia dominicano como la causa de sus homicidios. Mientras, un exjefe de la Policía describe el esquema de cobro de dinero a civiles.
Lo mató dos veces. La primera fue de madrugada en el callejón de un barrio de Santo Domingo. Winston* patrullaba con otro policía, cuando comenzaron a perseguir a un conocido delincuente de la zona que iba armado. Lo emboscaron y su compañero le disparó de muerte. De pronto, otro hombre apareció entre la oscuridad, se abalanzó sobre el cadáver e intentó recoger la pistola que quedó desparramada en el pavimento junto al cuerpo ensangrentado. Winston le gritó que no y, antes de que lograra hacer algo, le disparó.
La segunda vez que lo mató fue en sus pesadillas. Aquel homicidio, el primero de los 14 que acumuló durante su paso de seis años por la Policía Nacional, le mantuvo tres meses sin conciliar el sueño, pero no porque se arrepintiera o sintiera culpa. “Cada vez que yo estaba durmiendo los veía a ellos que venían hacia mí con el arma de fuego, me interceptaban y me baleaban (…). Esos tres meses casimente soñando lo mismo dos o tres veces a la semana hasta que en el sueño yo lo baleé y se me fue. Tus demonios hay que matarlos también”, suelta.
Dice que sus víctimas cometieron homicidios, robos, que eran vendedores de droga, “pero de los que atracan”, aclara. Otros ni siquiera eran buscados por las autoridades, sino que mostraron alguna reacción atípica al toparse con la patrulla policial. “Yo solo te dije de los que murieron, no de los que quedaron abaleados”, relata.
— ¿Y cuántos fueron?
— Como una docena y pico (se ríe). Heridos.
— ¿En el momento en que los heriste eran un peligro para ti?
— Cuando yo veo a esa persona y yo sé que es un delincuente, automáticamente es un peligro porque está armado.
— Pero, ¿eran un peligro para ti o eran reincidentes que entendías que había que sacar de circulación?
— Eran reincidentes (cometido delitos sucesivos).
Winston confiesa, además, que dos de esos 14 muertos con los que carga fueron ejecuciones extrajudiciales, es decir, que no respondió con balas para resguardar su vida o la de su compañero de patrulla, sino que hubo una intención consciente de “darles pa’ bajo”, como se les conoce popularmente a las ejecuciones extrajudiciales. ¿Sus crímenes? Habrían matado a dos policías en casos separados.
En ambas situaciones, Winston decidió aplicar la justicia por su cuenta y, entre él y su compañero de patrulla le propinaron siete disparos a uno de esos presuntos delincuentes, un hombre cuya intención al momento de la huida era botar la pistola que le había robado al policía que había matado días atrás, antes de que lo incriminaran. Pero en el reporte policial oficial quedó como un intercambio de disparos. Del otro caso ni quiere hablar.
El Manual Básico de Capacitación Policial, preparado en 2002 para la educación de los policías, instruye a los agentes para que tengan en cuenta que no son “juez ni jurado” y por lo tanto no deberán tratar de disponer un castigo por un delito. Agrega que “la violación innecesaria de los derechos civiles de una persona es frecuentemente una expresión de disponer una crueldad por parte del policía” e insta a evitarla.
El de Winston no es un caso aislado en la Policía Nacional dominicana. Los familiares de las víctimas llevan años hablando de ello cuando denuncian los casos ante la justicia o cuando hablan con los medios y las organizaciones de defensa de los derechos humanos: no todos murieron porque se resistieron a la autoridad, algunos se habían rendido ya, otros no estaban armados y otros más ni siquiera eran delincuentes.
Aunque oficialmente no se habla de ello, tanto Winston como Juan*, un policía activo que también habló con Diario Libre bajo condición de anonimato, creen fervientemente en que el mal funcionamiento del sistema de justicia es la razón que los lleva a matar a los delincuentes.
Winston cuenta que una vez detuvo a un vendedor en un punto de drogas. Llevaba la mercancía encima y más de RD$20,000 (unos US$385) producto de la venta. El microtraficante pasó toda esa noche ofreciéndole el dinero a los policías a cambio de que lo dejaran en libertad, pero Winston dice que ni él ni su compañero de patrulla aceptaron.
Lo presentaron ante los fiscales para que lo acusaran formalmente y así poder procesarlo judicialmente, pero, contra todo pronóstico, quedó en libertad y sin cargos. Cuando salió de la fiscalía ya no tenía consigo los más de RD$20,000 que llevaba encima cuando lo atraparon. La siguiente vez que requisó a un vendedor de droga en las calles dominicanas, decidió quedarse con el dinero de su venta y dejarlo tranquilo. “Pues me lo quedaba yo. ¿Y a quién se los iba a dar?”, pregunta.
A Juan le pasó algo similar con un vendedor de drogas. “Uno se siente burlado, porque si uno como policía le da un tiro, te meten preso”, dice. A ese microtraficante del que habla lo detuvo varias veces y quedó en libertad, una vez por falta de pruebas, y otra tras una breve prisión de apenas tres meses.
Con otro vendedor de drogas, al que también llegaron a detener y presentar a la Fiscalía en varias ocasiones, Juan y sus compañeros de patrulla policial optaron por juzgarlo y condenarlo ellos mismos, con una sentencia a muerte.
Interceptaron al hombre y lo mandaron a detener con fines de “macutearlo” (pedirle dinero a cambio de protección o impunidad), pero cuando lo requisaron no le encontraron nada, ni dinero ni drogas ni armas. “Uno de los muchachos dijo ‘comando, vamos a salir de ese hombre’ ”, recuerda. Asegura que la idea inicial solo era sacarle dinero, no incriminarlo en el delito de las drogas porque ya lo habían entregado varias veces a las autoridades con poco éxito. “Pero al tipo no tener ná’, decidimos sacar a ese antisocial del camino, de nuestro sector”, expone el policía.
“Armamos una escena de crimen como que fue un intercambio de disparos, le pusimos una pistola que ni siquiera era la que él tenía. Nosotros la buscamos y se la pusimos, y pusimos a que él disparara ya muerto”, detalla Juan.
Reconoce que esa actuación estuvo mal y que sus superiores notaron que el enfrentamiento no fue tan verídico como reflejó la patrulla en su reporte, pero que les “hicieron el favor”. “Ven esa actuación que saben que no fue legal, pero dicen ‘bueno, salimos de eso’ ”, explica el policía.
— ¿Te investigaron alguna vez?
— ¡Uf! Muchísimas veces. En los casos en que tuve problemas, gracias al Señor, nunca fui investigado porque yo trataba de resolver eso en el mismo destacamento. Llegué a pagar 18,000 pesos (unos US$351) para que no me investigaran. Era más, pero yo sabía información de la persona que me investigaba, entonces, lo dejaron así.
El “macuteo” o “buscársela” como también le llaman, es una práctica “normal” entre los patrulleros que se transmite de los policías de más tiempo en servicio a los más nuevos, y que les permite compensar su salario, explica Juan. Lo que cuenta fue confirmado con otros agentes y exagentes de la Policía Nacional.
Los importes que reciben son variados, pudiendo incluir montos en efectivo que le entregan los dueños de negocios a cambio de protección o de que les dejen pasar alguna ilegalidad, o descuentos en servicios de comida, lavandería o transporte.
A agosto de 2019, la Policía Nacional tenía en su nómina a 38,952 individuos. De estos, el 94.3 % son agentes y el resto personal asimilado.
El salario base más bajo es el de los conscriptos y rasos, que al citado mes era de RD$10,150.42 (US$195), un monto inferior al costo de la canasta básica familiar para el quintil más bajo de la población que, según el Banco Central, era de RD$14,157.40 (US$276.8) a julio de este 2019.
El sueldo más alto en la institución es el del director general, ascendente a RD$89,963.50 (US$1,730), según los datos oficiales de la nómina.
A diferencia de Juan, Winston entendió demasiado tarde que el sistema corrupto de pagos era su tabla de salvación a la hora de resolver una investigación en Fiscalía o en asuntos internos de la Policía Nacional. Estaban por levantarle una sanción por “macutear”, así que se acercó a su antiguo jefe, el primero que tuvo en la Policía Nacional, con quien aprendió a patrullar. El mismo a quien ayudaba a perseguir, a reducir y a inmovilizar a los supuestos delincuentes de los barrios para que este llegara unos minutos más tarde y les disparara a las piernas como advertencia para que no siguieran delinquiendo.
“Cuando me pasó eso yo estaba un poco distanciado de mi jefe, y ¿tú sabes lo que él me dijo? ‘Es que ustedes no caminan’ ”, cuenta el ahora expolicía. Luego pasa a explicar que el término “caminar” significa repartir el macuteo entre los miembros del destacamento policial. Esa fue la última investigación que enfrentó activo porque no salió bien librado y lo sancionaron con el despido de la Policía Nacional.
El “sobrecito” de los viernes
El reparto de dinero en la Policía traspasa a los miembros de una patrulla. El exjefe de la Policía Nacional, Bernardo Santana Páez, recuerda cómo el afán de reunir dinero a los jefes era motivo, incluso, de detenciones injustificadas de ciudadanos.
Narra parte de su experiencia cuando fue comandante del destacamento policial de Villa Duarte, en Santo Domingo Este.
“Los policías te decían: ‘Comandante, esa cárcel está ahí llena de esos que andan por las calles, porque usted sabe que hacen unas reuniones los viernes y hay que llevar su sobrecito’. Les decía: ‘¡Pero!, explíqueme eso, ¿cómo ese sobrecito?’; y me decían: ‘No, comandante, usted sabe que el que está aquí tiene que llevar su sobrecito para allá, (…) y yo tengo que llevar mi sobrecito, porque si no me sacan de aquí’ ”.
El mayor general, ya en retiro, afirma que en esa ocasión ordenó no apresar a nadie con fines de quitarle dinero para liberarle, y que desde entonces el cuartel lució casi vacío.
— Pero, ¿no quiso verificar quién y dónde hacía esas reuniones?
— No me interesó, me interesó hacer mi trabajo, cumplir yo el mío y dejar eso a otro estamento superior que lo hiciera.
— ¿Sabe si en su gestión como jefe de la Policía esas reuniones se hacían?
— No tengo evidencias de que se hicieran. Si se hubieran hecho, los (organismos de) derechos humanos lo hubieran denunciado y lo que hacen es que me premian.
Pero el policía Juan sí tiene bien claro cuáles son los caminos que recorre ese dinero. Para explicar el esquema del reparto, dibuja una estructura que llega hasta el propio Palacio de la Policía Nacional.
El informe Barómetro Global de la Corrupción, América Latina y El Caribe 2019 que publicó Transparencia Internacional en septiembre pasado, indica que el 55 % de los dominicanos piensa que la mayoría o todos los policías son corruptos. También que un 47 % de los que usaron los servicios policiales en los últimos 12 meses pagó soborno.
Respeto tras el abuso
En el relato sobre su participación en los “intercambios de disparos” reales o no, Juan y Winston refieren un cambio en la forma en que son percibidos, tanto entre sus compañeros como en la población a la que prestan servicio.
“Cuando tú pasas por un barrio, ya ellos te saludan distinto. Además, el comandante sabe que tú tumbaste a un tumbador (homicida) que quizás era cabeza de un grupo y el que lo sustituirá te verá como un don, porque sabe que tú te llevaste al jefe”, expone Juan.
La fama los encamina al ascenso del rango, pero en ocasiones también le puede costar su traslado o despido al policía que, con su acción, pudo haber eliminado a una fuente de ingresos de algún superior.
Winston, cuenta que, además de ganarse el respeto entre sus compañeros, a veces los jefes les daban un reconocimiento en efectivo y días libres. “Mientras mejor hacíamos el trabajo, mejor nos gratificaban. Si llevabas unas pistolas de unos delincuentes, te vas libre y te daban 3,000 pesos (unos US$58) para que los disfrutaras. Eso era prácticamente un descanso por la buena actuación”, dice.
Lo que nunca recibieron los agentes fue asistencia sicológica para asumir su papel en la institución y en la sociedad.
El Reglamento sobre el uso de la fuerza en la Policía Nacional, aprobado en 2014, establece que, en aquellos casos en que el miembro de la institución, que por motivo del cumplimiento de su deber haga uso de su arma de fuego, deberá someterse a una evaluación sicológica para determinar el estado de salud mental que posee y si está apto para realizar la función policial.
El doctor Jairo Mercedes, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, resalta la necesidad de que los agentes sean sometidos a estas evaluaciones, incluso, antes de iniciar sus labores en la institución.
Entiende que un agente que, contrario a lo que dicen las leyes, mata de forma deliberada a una persona, sea inducido por un superior o por decisión propia, responde a un perfil sociopático que probablemente tenga raíces en situaciones personales de su pasado.
A la justificación que hacen tanto los policías como civiles de que al delincuente se le tiene que enfrentar con “mano dura”, Mercedes lo explica con lo que los estudiosos de la conducta denominan el desamparo aprendido.
“La sociedad ha sido socializada para la violencia, que se expresa en las casas, en la escuela, en las conversaciones…, hasta el Estado nos violenta, entonces, cuando solo conozco violencia, actúo desde esa perspectiva”, dice el sicólogo.
Mientras tanto, Winston se pregunta por qué no seguir con la política de la muerte en la policía. No cree en la regeneración del delincuente, aunque en la academia ahora les den charlas sobre los derechos humanos, e insiste en que no siente dolor por todos los que mató mientras estuvo activo.
“Te lo voy a decir como policía: si es con un delincuente el intercambio de disparos, aunque sea mentira, tienes que creerlo, porque un delincuente lo único que está haciendo es restarle a la sociedad”, zanja.